El anuncio de la Reforma de la Ley de Costas provoca todo tipo
de reacciones entre los grupos de afectados y los ecologistas
El miedo y la esperanza son algunas de las sensaciones que invaden a los afectados por la Ley de Costas ante el anuncio de una "profunda reforma" de la ley por parte del Gobierno. El número de propietarios afectados por esta ley es de cinco mil solamente en la provincia alicantina, una gran parte de ellos extranjeros. Las familias perjudicadas se encuentran en un permanente sinvivir a causa del trazado de un nuevo deslinde -trámite que separa la línea pública y la privada- en el año 1988, que modificó el establecido en un principio en el año 1969 y que dejó fuera de ordenación a miles de viviendas en toda la provincia de Alicante. Algunas de las playas que cuentan con mayor número de afectados Arenales del Sol (Elche), Playa Lisa y Gran Playa (Santa Pola), La Albufereta (Alicante) y Dénia. El comunicado del ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, de agilizar el proceso de desafectación para dejar en manos privadas el terreno público de la costa en los casos en los que ésta se encuentra más degradada, ha sido, cuanto menos, conflictivo. José Ortega, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), ve el anuncio de promover la desafectación de las zonas degradadas como una nueva posibilidad de "ejercer la arbitrariedad". Para Ortega tal y como está replanteando la reforma el ministro "no es una reforma que vaya a ser igual para todos, sino que es una reforma que va a servir para calmar a los que tienen más poder e influencia social". Según el portavoz de PNALC, en esta nueva coyuntura "una urbanización grande va a tener más oportunidades de salir adelante que un lugar donde las casas están más dispersas", ya que al pertenecer a un grupo o urbanización grande, no sólo es un beneficio que el entorno está más construido y edificado y por tanto más degradado, sino que también se tiene más capacidad mediática y social. Un claro ejemplo de esto -señala José Ortega- es el de Arenales del Sol en Elche, donde hay 800 familias afectadas y agobiadas por esta situación. "En un principio el Gobierno tenía muy clara la idea de tirar al suelo las viviendas afectadas en Arenales del Sol, sin embargo estamos defendiendo esta causa muy bien y con este nuevo escenario, al pertenecer a un grupo bastante grande, tienen muchas posibilidades de salvarse", argumenta Ortega. Para el Gobierno es necesaria una reforma legal que concilie la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público, y que no restrinja, además, la actividad económica y, por tanto, la generación de empleo. Sin embargo no todo el mundo cree en estas intenciones declaradas por el ministro y dudan de si la reforma mejorará la situación o de si, por el contrario, será una estrategia más para conseguir sus propios beneficios. Según Natalia Martín, miembro de Ecologistas en Acción, la organización está "a la expectativa y con un poco de miedo". Natalia Martín afirma que "antes de estar el Partido Popular en el Gobierno hubo varias enmiendas por parte de estos contra la Ley de Costas, que iban encaminadas a privatizar el litoral y a aumentar las concesiones para que se pudieran llevar a cabo actividades privadas". Martín dice que es muy probable que con estas nuevas medidas vaya a primar, como lo ha estado haciendo hasta ahora, "el beneficio privado sobre el uso y disfrute público y sobre los intereses del medio ambiente". Alicante, la provincia más atrasada en los deslindes Después de casi 25 años de la ley, el Gobierno tiene deslindado el 96% del litoral en toda España, además de haber ganado en los tribunales en más del 90% de los casos. Mientras que el deslinde está terminado en casi todo nuestro país, en la provincia de Alicante ha llegado apenas hasta el 50%. Según el portavoz de PNALC "algo pasa en la demarcación de Costa de Alicante que de toda España es, con diferencia, la provincia más atrasada en cuanto a la tramitación de los deslindes". El portavoz de la plataforma opina que "el caso de Arenales del Sol es un caso emblemático y muy injusto, donde se construyó de forma legal confiando en la buena fe del deslinde. Este mismo suceso también ha ocurrido en lugares como Santa Pola, Playa Lisa y Gran Playa, donde se han desencadenado tres expedientes de deslinde sucesivos y llevan con el deslinde sin resolver alrededor de 23 años."Les están haciendo sufrir lo que no está escrito" señaló Ortega. El portavoz de PNALC se queja de la falta de intervención del Gobierno en lugares donde se viven situaciones trágicas, como en la zona de Babilonia, en Guardamar del Segura, donde existe un grave problema de erosión marina y el agua llega hasta los pies de las casas. Otro ejemplo podemos encontrarlo en Els Poblets, en Dénia, donde según Ortega, "hay una situación dramática con viviendas que se han quedado cortadas como si estuvieran al borde de un acantilado" y frente a lo que el Gobierno "no está haciendo absolutamente nada". |
